El sindicato pagó un alto tributo de sangre, exilio, prisión, marginación en la posguerra , fue disuelta, se incautaron todos sus bienes, se prohibieron todas sus acciones y sus miembros fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados. 

Setenta años después, cuando en España se dan las condiciones políticas, legales y morales necesarias para la reivindicación, UGT quiere colaborar en este proceso que afecta a la justicia histórica y a la reparación a las víctimas.

El sindicato se ha ofrecido a colaborar en la investigación de los hechos, así como en la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cadáveres de las asesinadas, a fin de que puedan ser inhumadas por sus familias. Igualmente el sindicato trabajará porque se produzca una resolución judicial que restablezca los derechos de las víctimas y de sus familiares.

El Juzgado, cuyo titular es el juez Baltasar Garzón,  está tramitando las diligencias previas ante las denuncias presentadas por diversas entidades de recuperación de la Memoria Histórica y otras personas, basadas fundamentalmente en la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas, producidos en el territorio español a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra.